Adrián Baltanás CincoDías – 03/05/2010
En poblaciones litorales, los servicios vinculados al ciclo urbano del agua -suministro en alta, transporte y distribución, saneamiento, depuración, reutilización-, presentan singularidades. El alejamiento de las cabeceras de cuenca hace más difícil y costoso disponer de recursos hídricos de buena calidad y la situación de proximidad al mar de las poblaciones exige la regeneración de las aguas residuales y su reutilización en la franja litoral para evitar la pérdida definitiva del recurso por vertido al mar. Y en muchos tramos costeros -especialmente en el Mediterráneo-, coincide la fuerte presión demográfica con zonas de la mayor escasez hídrica de España.
Todo ello hace más compleja la gestión de los servicios urbanos del agua en el litoral que en el interior. La cuestión está en que ha de hacerse de forma sostenible, un concepto manejado continuamente pero sujeto a múltiples interpretaciones.
En España, el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos supone compatibilizar dos objetivos: uno, que se cumplan los requisitos de protección ambiental de la Directiva Marco Comunitaria del Agua y se logre el denominado buen estado de las masas de agua; y otro, que se garanticen los suministros para el abastecimiento urbano y la actividad económica en agricultura, industria, energía y turismo. La armonización de ambos significa limitar el aprovechamiento de ríos y acuíferos y condicionar ambientalmente las infraestructuras necesarias.
Esta compleja labor debe descansar en tres pilares básicos. Para empezar, la planificación hidrológica en España no debe promover actividades consumidoras de agua, sino establecer los límites necesarios al aprovechamiento de los recursos y destinar los de mejor calidad a los usos prioritarios. Debe recordarse a este respecto la importancia del informe que, de acuerdo con la legislación de aguas, debe emitir la Administración hidráulica sobre disponibilidad de los recursos requeridos por nuevos desarrollos urbanísticos o de otra naturaleza, y la necesidad de una coordinación estrecha con la Administración territorial competente -autonómica y local- para evitar desarrollos insostenibles como los que tanto abundan en el litoral español.
La eficiencia es otro pilar imprescindible. Para utilizar menos agua satisfaciendo las mismas necesidades, deben modernizarse sistemas de gestión e infraestructuras de abastecimiento y depuración o de riego, algo en lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino viene realizando un enorme y encomiable esfuerzo. Esta necesidad de eficiencia debe predicarse también para el binomio agua y energía, ya que para disponer de la primera cada vez se necesita más de la segunda. Para todo ello es también obligado el desarrollo tecnológico, gracias al que agua desalada y regenerada para reutilización son ya recursos viables económicamente, que aumentan la eficiencia global del sistema, refuerzan la seguridad de los suministros y reducen el aprovechamiento de los recursos naturales.
La recuperación de costes es el tercer pilar de la sostenibilidad, porque, al margen del debate sobre el nivel real de recuperación, los precios del agua en España son claramente inferiores a los de los países europeos más desarrollados. Esta situación es verdaderamente indeseable, desincentiva un empleo racional del agua por parte de todos los usuarios, impide destinar los recursos económicos necesarios a la buena explotación y conservación de las infraestructuras y a la gestión -con la correspondiente pérdida de eficiencia- y mantiene un régimen de subvenciones públicas injusto y nada transparente. Para acabar con ello hay que reformar la transposición realizada en 2003 de la Directiva Marco, de modo que se establezca un nuevo régimen económico que asegure la recuperación de costes de los servicios del agua y regule las excepciones que la propia directiva prevé. Una reforma legal de esta naturaleza exige un acuerdo suficientemente amplio entre los principales grupos políticos que garantice su aplicación en el ámbito estatal, autonómico y local.
Concluyendo, los servicios urbanos del agua en el litoral deben regirse por los criterios de una gestión sostenible, que resulta más compleja que en el interior. Es pues necesaria una planificación que establezca y aplique límites al aprovechamiento de ríos y acuíferos, compatibles con los objetivos ambientales de la Directiva Marco, que mejore la eficiencia de los sistemas y en particular del binomio agua y energía, con un uso intensivo de las tecnologías -desalación y reutilización incluidas-, y que lleve a cabo una política efectiva de recuperación de costes, reforzada con la reforma del régimen económico de la legislación hidráulica.
Adrián Baltanás. Director general de Asagua, Asociación Española de Tecnologías del Agua
En poblaciones litorales, los servicios vinculados al ciclo urbano del agua -suministro en alta, transporte y distribución, saneamiento, depuración, reutilización-, presentan singularidades. El alejamiento de las cabeceras de cuenca hace más difícil y costoso disponer de recursos hídricos de buena calidad y la situación de proximidad al mar de las poblaciones exige la regeneración de las aguas residuales y su reutilización en la franja litoral para evitar la pérdida definitiva del recurso por vertido al mar. Y en muchos tramos costeros -especialmente en el Mediterráneo-, coincide la fuerte presión demográfica con zonas de la mayor escasez hídrica de España.
Todo ello hace más compleja la gestión de los servicios urbanos del agua en el litoral que en el interior. La cuestión está en que ha de hacerse de forma sostenible, un concepto manejado continuamente pero sujeto a múltiples interpretaciones.
En España, el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos supone compatibilizar dos objetivos: uno, que se cumplan los requisitos de protección ambiental de la Directiva Marco Comunitaria del Agua y se logre el denominado buen estado de las masas de agua; y otro, que se garanticen los suministros para el abastecimiento urbano y la actividad económica en agricultura, industria, energía y turismo. La armonización de ambos significa limitar el aprovechamiento de ríos y acuíferos y condicionar ambientalmente las infraestructuras necesarias.
Esta compleja labor debe descansar en tres pilares básicos. Para empezar, la planificación hidrológica en España no debe promover actividades consumidoras de agua, sino establecer los límites necesarios al aprovechamiento de los recursos y destinar los de mejor calidad a los usos prioritarios. Debe recordarse a este respecto la importancia del informe que, de acuerdo con la legislación de aguas, debe emitir la Administración hidráulica sobre disponibilidad de los recursos requeridos por nuevos desarrollos urbanísticos o de otra naturaleza, y la necesidad de una coordinación estrecha con la Administración territorial competente -autonómica y local- para evitar desarrollos insostenibles como los que tanto abundan en el litoral español.
La eficiencia es otro pilar imprescindible. Para utilizar menos agua satisfaciendo las mismas necesidades, deben modernizarse sistemas de gestión e infraestructuras de abastecimiento y depuración o de riego, algo en lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino viene realizando un enorme y encomiable esfuerzo. Esta necesidad de eficiencia debe predicarse también para el binomio agua y energía, ya que para disponer de la primera cada vez se necesita más de la segunda. Para todo ello es también obligado el desarrollo tecnológico, gracias al que agua desalada y regenerada para reutilización son ya recursos viables económicamente, que aumentan la eficiencia global del sistema, refuerzan la seguridad de los suministros y reducen el aprovechamiento de los recursos naturales.
La recuperación de costes es el tercer pilar de la sostenibilidad, porque, al margen del debate sobre el nivel real de recuperación, los precios del agua en España son claramente inferiores a los de los países europeos más desarrollados. Esta situación es verdaderamente indeseable, desincentiva un empleo racional del agua por parte de todos los usuarios, impide destinar los recursos económicos necesarios a la buena explotación y conservación de las infraestructuras y a la gestión -con la correspondiente pérdida de eficiencia- y mantiene un régimen de subvenciones públicas injusto y nada transparente. Para acabar con ello hay que reformar la transposición realizada en 2003 de la Directiva Marco, de modo que se establezca un nuevo régimen económico que asegure la recuperación de costes de los servicios del agua y regule las excepciones que la propia directiva prevé. Una reforma legal de esta naturaleza exige un acuerdo suficientemente amplio entre los principales grupos políticos que garantice su aplicación en el ámbito estatal, autonómico y local.
Concluyendo, los servicios urbanos del agua en el litoral deben regirse por los criterios de una gestión sostenible, que resulta más compleja que en el interior. Es pues necesaria una planificación que establezca y aplique límites al aprovechamiento de ríos y acuíferos, compatibles con los objetivos ambientales de la Directiva Marco, que mejore la eficiencia de los sistemas y en particular del binomio agua y energía, con un uso intensivo de las tecnologías -desalación y reutilización incluidas-, y que lleve a cabo una política efectiva de recuperación de costes, reforzada con la reforma del régimen económico de la legislación hidráulica.
Adrián Baltanás. Director general de Asagua, Asociación Española de Tecnologías del Agua
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